Un grupo de organizaciones campesinas e indígenas de Ecuador denunció este sábado la ofensiva violenta del Gobierno del presidente Daniel Noboa y la industria minera para criminalizar las protestas contra el extractivismo y la degradación medioambiental que tienen lugar en el país latinoamericano.

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y el Frente Nacional Antiminero (FNA) señalaron que durante las últimas dos semanas fueron criminalizados un total de 91 campesinos en las provincias de Bolívar y Cotopaxi por empresas trasnacionales.

Denunciaron que ello viene ocurriendo en los cantones Las Naves (Bolívar), donde fueron sancionados a tres años de cárcel seis campesinos, de lo cual responsabilizaron a la minera canadiense Adventus Mining.

Puntualizaron que en el cantón Sigchos (Cotopaxi) se presentaron cargos de terrorismo contra 72 campesinos y campesina, maniobra a cargo de la minera canadiense Ático Mining. Alertaron que este sábado la minera británica Anglo American criminalizó a 13 campesinos del cantón Pangua.

Las organizaciones señalaron que el jurista Felipe Rodríguez, del Estudio Jurídico Rodríguez and Company, patrocinó a Adventus Mining y ahora está a cargo de la «defensa» de Ático Mining en la audiencia de acción de protección por el caso Palo Quemado y Las Pampas, en Cotopaxi.

Subrayaron que son criminalizados por exigir sus derechos y proteger sus territorios de la voracidad de las trasnacionales mineras.

Manifestaron que esta ofensiva minera pone en riesgo la integridad y la vida de quienes velan por los recursos naturales del país y lo abastecen de alimentos. Por ello, solicitaron de manera urgente mayor solidaridad ciudadana para con las comunidades campesinas y protección de las organizaciones nacionales e internacionales en materia de DD.HH.

En un comunicado previo, la Conaie denunció que en territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas, como Palo Quemado, «se están replicando prácticas violentas, autoritarias y abusivas».

El movimiento consideró que «el Gobierno de Noboa muestra una clara falta de respeto por la ley y el Estado de Derecho al utilizar la fuerza y la violencia para imponer sus intereses políticos, así como para perseguir a líderes comunitarios, políticos y sociales».

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